Lima,
20 de julio de 2006
La
“Revolución Cultural” neomarxista, desestabilizadora
de la familia,
encamina al Perú hacia la desintegración social
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La
ciudadanía aguarda la asunción del nuevo gobierno
con ánimo sereno y esperanzado, aunque con una percepción
fuertemente negativa de la política nacional.
Las recientes elecciones confirmaron, en efecto, lo que en los últimos
años vienen advirtiendo numerosos estudios de opinión:
los peruanos se identifican cada vez menos con el régimen
institucional vigente, cuestionan su autenticidad democrática,
y sobre todo se sienten defraudados por la clase política,
a la cual ven como algo no muy diverso de una casta de aprovechadores
del poder en beneficio propio.
El
verdadero drama del Perú profundo
En ese contexto se entiende el 47% de votos dados al candidato perdedor.
Sería un error suponer que se trató de una votación
mayoritariamente izquierdista: la elección parlamentaria
dejó a la izquierda explícita pulverizada.
Y el voto al outsider fue más la expresión de un estado
de espíritu que de una ideología; reveló un
explicable sentimiento de frustración, particularmente de
las regiones surandina y amazónica, ante la crónica
desatención por parte del centralismo limeño no sólo
a necesidades materiales, sino sobre todo a legítimas aspiraciones
de progreso regional, manteniendo características e identidad
propias.
Esa sana aspiración nada tiene de izquierdista: recordemos
que en su abrumadora mayoría, esas poblaciones integran el
llamado Perú profundo, católico y entrañadamente
conservador.
El mayor problema social de ese Perú profundo es que el centralismo
absorbente primero, y el agrorreformismo socialista y confiscatorio
después, en gran parte lo descabezaron de sus elites, privándolo
de sus canales naturales de interlocución con el poder central.
Y el terrorismo no fue sino el tiro de gracia en ese proceso de
desbarajuste socio-cultural. Así, la gradual migración
de líderes locales en todo nivel fue dejando a esas poblaciones
virtualmente acéfalas, muchas veces vegetando a merced de
políticos advenedizos, ineptos y hasta comprometidos en ciertos
casos con la delincuencia, lo que contribuyó a sumirlas en
una crisis de identidad que perdura hasta hoy.
En ese cuadro, es claro que demagogos hábiles pueden aprovechar
frustraciones acumuladas para convertir transitoriamente a muchos
de esos insatisfechos en lo que Lenin llamaba “compañeros
de ruta” de nuevas aventuras revolucionarias.
La manipulación del descontento social a favor de utopismos
revolucionarios es, pues, un peligro latente que el nuevo gobierno
deberá afrontar con especial cuidado.
La
revolución cultural neomarxista, una amenaza a la familia
peruana
Pero ese no es el único peligro que nos acecha.
Las tendencias anarquizantes amenazan también al Perú
en otro frente, el de la inmensa degradación moral que devasta
el país, con repercusión forzosa en la institución
fundamental de la sociedad, la familia.
Ésta
se ve hoy sujeta a una desestabilización sin precedentes,
que hace estremecer sus propios fundamentos, y con ellos los de
toda la sociedad civilizada.
Y esa desestabilización no es fruto del acaso, sino que es
promovida intencionalmente por las mismas fuerzas revolucionarias
que otrora buscaron sin éxito imponer el utopismo marxista
en el campo socioeconómico.
Nuestras clases dirigentes parecen no haberse percatado aún
de que las corrientes político-ideológicas de izquierda
impulsan hoy una revolución diferente, la llamada revolución
cultural corruptora de las costumbres, que ha pasado a ser —nótese
bien— la versión más actualizada, perversa y
extremada del propio comunismo.
Sería por demás extenso indicar todos los autores
comunistas, socialistas y congéneres que aluden a esta neo-revolución,
toda ella de carácter psicológico y tendencial.
Pero sí importa, para comprenderla debidamente, señalar
la lógica que la inspira: para implantar el llamado comunismo
total —la anarquía— es preciso derribar la sociedad
“capitalista”, centrada en la familia “burguesa”;
y para desmantelar la familia se debe impulsar el desenfreno sexual
sin límites.
“Abolir
la familia”, meta del marxismo
Ya en el Manifiesto Comunista de 1848 Marx y Engels lanzaron su
siniestra proclama: “¡Abolir la familia!” (“Aufheburg
der Familie!”). Ella fue asumida y desarrollada por todos
sus continuadores, entre ellos Antonio Gramsci, fundador del PC
italiano y considerado el mayor ideólogo marxista de Occidente.
Hacia
1930 Gramsci elaboró su novedosa concepción estratégica
de que para establecer duraderamente el régimen comunista
se requería primero alterar la “superestructura”
de la sociedad, entendida como el sistema de convicciones, tradiciones
y costumbres sociales vigente; y a este cambio le dio el nombre
de revolución cultural .
Desde Gramsci hasta nuestros días, los más importantes
ideólogos marxistas y congéneres fueron definiendo
cada vez más claramente esa nueva estrategia.
Herbert
Marcuse la denominó “marxismo cultural” y precisó
su meta: derribar “la moral de la sociedad existente”,
para así anular de antemano las resistencias a las reformas
anarquizantes marxistas. Su conclusión no deja dudas: “Se
acabaron la idea tradicional de revolución y la estrategia
tradicional de revolución...
Lo que debemos emprender es una especie de difusa y dispersa desintegración
del sistema” .
Y esa desintegración está hoy en marcha acelerada.
Desde la década de 1970 ella hace parte de los programas
de las izquierdas políticas de Europa y América del
Norte, y en particular de los partidos socialistas europeos.
Estos apuntan hacia una “revolución total”, abarcando“las
formas de sentir, de actuar y de pensar, una revolución en
las formas de vida colectiva e individual, en suma, una revolución
de la civilización” .
Se la denomina también revolución psicosexual, porque
su “fuerza decisiva” de avance es la “sexualidad
expansiva” , que “debe acompañar el curso de
la revolución económica, social y política”
.
O sea, es el viejo hedonismo pagano, ahora revivido y exacerbado
hasta extremos insospechados —por ejemplo, en la llamada ideología
de género —, para convertirlo en arma revolucionaria
desintegradora de la familia y la sociedad.
Multiforme
ofensiva neopagana contra el Perú
El Perú ya está siendo blanco de esa ofensiva.
A todo momento experimentamos su acometida: en la inundación
de pornografía dura en la prensa “chicha” o blanda
en cierta prensa “seria”, en las toneladas de telebasura
moral que los canales de señal abierta arrojan cotidianamente
en los hogares; en las modas siempre más vulgares, provocativas
y tendientes al nudismo; en la inducción a costumbres gradualmente
más permisivas, como los programas de “educación”
sexual que incentivan explícita o implícitamente el
libertinaje; en los planes de “salud sexual y reproductiva”
que amparan ese mismo libertinaje; en las diversiones cada vez más
frenéticas y desvariadas que se ofrecen a adolescentes y
jóvenes; en la gigantesca presión mediática
para derribar las barreras de rechazo al vicio homosexual, etc.;
en suma, en la obsesión sexopátíca que satura
el ambiente publicitario y cultural, empujando el país hacia
una decadencia moral y social inédita en nuestra historia.
España
y Chile: ¿persecución anticatólica
en nombre de “derechos sexuales”?
Ciertos regímenes socialistas actuales son ejemplos de hasta
dónde puede llegar ese extremismo revolucionario.
En España, el gobierno Rodríguez Zapatero está
empeñado no sólo en despenalizar el crimen de al aborto,
sino también en una acelerada “sodomificación”
legal, en la cual la homosexualidad sea no sólo erigida en
seudo-derecho, sino que quienes la practiquen se conviertan en una
casta privilegiada, mientras se coloca una mordaza legal en aquellos
que defiendan la ley natural y moral consagrada en los Diez Mandamientos
.
Lo mismo ocurre en el vecino Chile, donde el gobierno Bachelet apoya
un proyecto de ley en trámite contra la “discriminación”
a los homosexuales, que prohíbe cualquier “restricción”
a éstos, e impone penas de hasta cinco años de cárcel
para quienes se opongan a la homosexualidad “por acción
u omisión” .
Así, pues, de aprobarse tal proyecto estará refrendada
en Chile la persecución legal por delito de opinión
contra quienes, en nombre de la moral católica sobre matrimonio
y familia, se manifiesten contra la perversión homosexual.
La
próxima etapa de la revolución cultural: horresco
referens
“Un abismo clama por otro abismo” (Sal. 41, 8). Ya se
vislumbran los próximos despeñaderos en esta cadena
de abominaciones. La agenda neomarxista apunta ahora hacia la “revolución
sexual de los niños”, también llamada movimiento
de “liberación infantil” y considerada “un
punto importante de la revolución sexual” .
Y no se piense que estos son tan sólo devaneos lúbricos
de un puñado de depravados: al contrario, siguiendo a ultranza
la lógica igualitaria y libertaria del socialismo, la legalización
de la pedofilia es la meta declarada de toda una corriente ideológica
actuante en varios países.
En Holanda, por ejemplo, el nuevo partido político PNVD propugna
legalizar las relaciones sexuales con niños, la pornografía
infantil, y hasta la zoofilia .
Mucho más cerca de nosotros, el actual gobierno chileno busca
consagrar “derechos sexuales” cada vez más alucinados,
como el “derecho de alcanzar el máximo de placer”
extensivo a niños.
Este delirio neopagano consta en un Proyecto Marco de Derechos Sexuales
y Reproductivos actualmente en trámite, que en su art. 15
propone una educación sexual “integral” que haga
posible, “desde temprana edad”,“el ejercicio de
la sexualidad en forma plena, libre e informada”, para lo
cual el Estado chileno deberá suministrar a los escolares
“información” al respecto sin el previo conocimiento
ni el consentimiento de los padres (art. 17, idem) .
La pesadilla de la “liberación infantil” neomarxista
ya toca, pues, a nuestras fronteras...
Paralelamente, corifeos de la misma corriente ideológica
proponen también acabar con el “tabú del incesto”,
y dar así plena ciudadanía a esa práctica aberrante
.
Aborto, homosexualidad, pedofilia, zoofilia, incesto... tal es la
sentina moral, el mundo de pesadilla hacia la cual el socialismo
conduce.
Incomprensible
omisión, siniestra paradoja
Lo anterior basta para comprender hasta qué punto la nueva
estrategia revolucionaria se propone acabar con la familia introduciendo
la anarquía sexual, antesala de la anarquía total.
Quien no tiene claro este dato crucial, simplemente no entiende
nada de lo que está ocurriendo, ni de lo que pueda ocurrir,
en la profundidad de la vida cultural y sociopolítica de
nuestros días.
Y frente a la revolución cultural en curso hará el
deplorable papel —máxime si le cabe ejercer responsabilidades
dirigentes espirituales o temporales— de “ciego que
guía a otros ciegos” (cfr. Mat. 15,14 ).
Por otro lado resulta incomprensible que un tema tan vital para
el futuro del país haya estado completamente ausente de la
campaña electoral.
Esta grave omisión ilustra bien hasta qué punto se
ha empobrecido el debate político nacional, y justifica plenamente
el descrédito de la clase política ante la ciudadanía
de la cual se ha divorciado.
El Perú vive así una siniestra paradoja. Mientras
las elecciones al Congreso confirmaron el abrumador rechazo del
electorado a los partidos declaradamente de izquierda, sin embargo
la revolución cultural va empujando al país a aproximarse,
gradual e inadvertidamente, a las metas más extremadas de
esa misma izquierda, a través de la ofensiva psico-tendencial
demoledora de la familia. Y lo que el comunismo nunca logró
directamente por las armas ni por las urnas, sus continuadores lo
están conquistando indirecta y solapadamente, por las estratagemas
de la revolución cultural.
Una
esperanza y un llamado a las fuerzas vivas del país
En tal circunstancia, es obligación de aquellos que desde
el Ejecutivo y el Parlamento representarán al electorado
nacional desde el próximo 28 de julio atender al clamor de
las familias peruanas, que conforman la abrumadora mayoría
conservadora de la población, y asumir resueltamente la defensa
de la institución familiar amenazada, enfrentando inclusive
la ofensiva de lobbies ideológicos anticristianos; por lo
tanto, elaborar una agenda exhaustiva de protección y fortalecimiento
de la familia en todos los planos: educativo, socio-cultural, económico,
legal, etc.
Resulta alentador en tal sentido que el Presidente electo, Doctor
Alan García Pérez, se haya comprometido ante las autoridades
eclesiásticas nacionales —“en mi condición
de cristiano”, aseveró— a actuar en “servicio...
a las causas cristianas de mi país” . La más
importante causa cristiana en el Perú hoy es precisamente
la defensa de la institución familiar amenazada.
Para esta defensa, el nuevo Mandatario debe contar con el respaldo
y la vigilancia de todos los peruanos con responsabilidades dirigentes
a cualquier título. Las calamidades socioeconómicas
acarreadas por el socialismo desde los años 60 se debieron
en gran parte a la desidia de clases dirigentes que no supieron
preverlas ni afrontarlas.
Sería trágico que ahora esas mismas clases repitiesen
tal actitud frente a la devastadora revolución cultural,
a la cual lamentablemente muchos de sus propios miembros no fueron
ajenos.
A tales elementos se aplica la advertencia del Prof. Plinio Correa
de Oliveira en su consagrada obra Revolución y Contra-Revolución:
“Una autoridad social que se degrada es, también ella,
comparable a la sal que no sala. Sólo sirve para ser arrojada
a la calle, para que sobre ella pisen los transeúntes (cfr.
Mt. 5, 13). Así lo harán, en la mayoría de
los casos, las multitudes llenas de desprecio” .
Pero si esas clases saben dar ejemplo de verdadera dedicación
al bien común (que por cierto incluye en primer lugar el
bien moral de la nación), tal como es la misión y
el deber de una verdadera élite, entonces la sociedad puede
esperar beneficios inconmensurables de toda índole.
En esa expectativa, los miembros de Tradición y Acción
por un Perú Mayor, empeñados en la defensa de los
valores básicos de la civilización cristiana —la
Tradición, la Familia y la Propiedad— en nuestra Patria,
saludamos a las nuevas autoridades nacionales.
Y deseándoles pleno éxito en su gestión, particularmente
en afrontar con determinación y sabiduría las amenazas
a la estabilidad social aquí expuestas, pedimos para ellas
la maternal ayuda de la Santísima Virgen del Rosario, Patrona
del Perú. |
Lima,
20 de julio de 2006
Fiesta de San Elías Profeta
Tradición y Acción por un Perú Mayor
Casilla 27 E 032 - Lima 27
Teléfono: (01) 9911 8261
www.tradicionyaccion.org.pe
Email: tfplima@gmail.com |
| Septiembre
de 2003
Conclusiones
parcializadas,
vehemente afán punitivo,
y un gran olvidado: el bien común
|
El "Informe Final"
emitido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR) sobre los años del terrorismo en el Perú ha
causado honda conmoción y despertado fuertes reparos que
con el paso de las semanas, lejos de disminuir, van creciendo en
peso y contundencia.
Un reabrir de heridas que desconcierta
al país
Tal reacción
es plenamente justificada. La agresión comuno-terrorista
que sufrió el país es un hecho aún demasiado
reciente para que las heridas que abrió en la sociedad hayan
cicatrizado del todo. Y por ello, quien verdaderamente desea la
paz social debe actuar con mucho tacto y prudencia al abordar ese
infausto capítulo de nuestra vida nacional.
Por cierto
ese tacto faltó a la CVR. Pues, precisamente cuando la Nación
ingresa al nuevo milenio, ávida de paz y estabilidad, irrumpe
el controvertido informe cuyas "Conclusiones Generales"
abren, no las vías de concordia y armonía que anhela
el país, sino las heridas que se iban cerrando, al reavivar
una discusión sobre los excesos en la represión, tan
injusta como inoportuna.
¿A
quién inculpar por la escalada terrorista...
La falla
esencial de la CVR es plantear una exigencia de justicia gravemente
falseada. Porque, si de hacer justicia se trata, la principal responsabilidad
por la escalada terrorista que asoló al Perú, con
todas sus consecuencias, recae sin duda sobre los gobernantes de
entonces.
Fue la inexplicable incuria de éstos lo que le permitió
al terrorismo organizarse, crecer y desangrar impunemente al País
durante más de una década (1980-1992).
Esto, la CVR no lo señala debidamente.Como tampoco menciona
la incomprensible indulgencia y hasta el aplauso de numerosos eclesiásticos
y políticos de entonces hacia el senderismo-MRTA; ni la connivencia
de ciertos medios que escamoteaban información sobre la gravedad
de la escalada comuno-terrorista, produciendo así un efecto
anestesiante y retardador de la reacción social.
...y
por los excesos en la represión antiterrorista?
Con tan
prolongada indulgencia ante el comuno-terrorismo ¿se podría
pretender que bastase un combate sumario y lleno de miramientos
humanitarios hacia un enemigo inhumano, cruel hasta lo inimaginable,
para desarticularle sus vastas redes, capturar sus ideólogos,
jefes y activistas y acabar con sus crímenes salvajes, sin
cometer errores ni caer en excesos, confusiones o exageraciones?
En verdad, la principal
razón de que hubiera excesos en la represión fue que
ésta comenzó muy tarde, debido a la gravísima
inoperancia del poder público; y de esa manera, lo que de
inicio hubiera sido fácil combatir, después fue muy
arduo derrotar.
Mas la
CVR no sólo se abstiene de señalar claramente esta
verdad fundamental, sino que además busca diluir en discutibles
atenuantes la obvia y pesada responsabilidad que cabe a los gobernantes
de entonces por el avance terrorista; como si el carácter
democrático de sus regímenes bastase para eximirlos
de su culpa.
Tan extrema
indulgencia hacia aquellos gobernantes contrasta con la severidad,
igualmente extrema, hacia los militares que les obedecían,
a quienes CVR equipara implícitamente a los terroristas,
al imputarles una "sistemática" violación
de la ley.
Todo esto constituye un grosero falseamiento de la realidad y una
flagrante injusticia; pues, aunque la represión haya comportado
reprobables abusos, ella fue en sí misma necesaria y legítima,
y más aún, acreedora del mayor reconocimiento y gratitud
nacional.
La
justicia extrema, máxima injusticia
En su
afán justiciero a ultranza, la CVR ignoró además
el precepto jurídico Summum jus, summa injuria - "la
justicia extrema es la máxima injusticia" .
O sea, no es justo ni sabio satisfacer un prurito de justicia hacia
algunos, si con ello se perjudica el bien de todos. Por esa razón,
la doctrina católica admite "la tolerancia por parte
de los poderes públicos de algunas situaciones contrarias
a la verdad y a la justicia, para evitar un mal mayor o para adquirir
o conservar un mayor bien" .
En este caso, el mal mayor que debe evitarse es que se perpetúen
las animosidades y revanchismos inútiles y desestabilizadores,
y el bien mayor que se debe procurar es la consolidación
de la paz interna.
En esto
se manifiesta la equidad, virtud adjunta a la justicia que se ejerce
en situaciones extraordinarias no previstas por el legislador, cuando
el empleo de la ley pueda ocasionar "perjuicios graves, sea
al individuo o la comunidad para la cual fue dada".
En tales casos, aplicar de manera irrestricta el peso de la ley
constituye una transgresión a la moral, un "pecado contra
la equidad y contra la justicia" . Y éste es precisamente
el caso en vista.
Ignorando
estas juiciosas enseñanzas, la justicia que la CVR reclama
contra los que defendieron a la sociedad nada aporta a la pacificación
de los espíritus, y en la práctica sólo está
sirviendo para exasperar ánimos y atizar pasiones, por lo
demás fácilmente excitables en el cuadro de profunda
y generalizada crisis moral que vive el país.
Grosera
parcialidad invalida conclusiones
Siendo
la mayoría de los miembros de la CVR extrañamente
oriundos de la izquierda marxista -como de la también marxista
"teología de la liberación"-, no sorprende
la parcialidad de sus "Conclusiones", ofuscadas por prejuicios
ideológicos, como lo muestra un análisis de las mismas
que ponemos a disposición de los interesados (ver cupón
al final).
Esa parcialidad
se revela de modo asombroso, en la forma como la CVR enjuicia la
acción pastoral de obispos de las zonas conflagradas, ¡sin
siquiera haberlos escuchado! De esta manera violó la más
elemental norma de equidad jurídica, Audiatur et altera pars
- "sea oída también la otra parte". Tan
arbitraria exclusión -empleada también con otros testigos
cruciales - es inexcusable, y descalifica a priori el agraviante
enjuiciamiento.
Además
el episodio revela que, a despecho de su ostentoso nombre, la CVR
no buscó en el caso la verdad, sino la difamación;
no procuró reconciliar, sino solamente ofender a personas
sagradas, empleando para ello dos pesos y dos medidas, escuchando
a quienes le convenía y excluyendo a quienes no le convenía,
exigiendo para algunos un remedo de justicia que ella niega a otros.
Lo cual vale como muestra del género de "investigación"
que practicó, es decir, falseada de antemano, tendenciosa,
y en definitiva inválida.
Tan asombrosa
torpeza trae a la mente el lamento del Salmista: Infixus sum in
limo profundi, et non est substantia - "Estoy en un lodazal
profundo, y no hay substancia..." [Salmo 68, 3].
Irresponsabilidad
y desconsideración hacia el bien común
Desconcierta
además que este reabrir de heridas de la lucha contrasubversiva
se produzca en un momento tan delicado como el que vive el país,
cuando, junto a una institucionalidad aún débil, se
verifica un resurgimiento del terrorismo marxista en varios rincones
de nuestro territorio.
Ésta
sería la ocasión de crear una atmósfera de
renovada comprensión y aprecio por las Fuerzas Armadas, encargándoles
de extinguir los brotes terroristas antes que desaten un gran incendio
nacional, y concitando hacia esa lucha el apoyo unánime del
país.
Pero la CVR siguió un rumbo exactamente opuesto, al desatar
una controversia que nuestra sociedad de ningún modo deseaba
reabrir. Se trata pues de una irresponsabilidad mayúscula,
y una grave desconsideración hacia el bien común.
Actuar
con sabiduría, cordura y equidad
Tradición
y Acción por un Perú Mayor, actuando en defensa de
la Tradición católica, de la Familia cristiana y de
la Propiedad privada en nuestra Patria, hace un llamado a actuar
con cordura, equidad y sabiduría, teniendo sobre todo en
vista que hay un bien mayor en juego, la concordia y estabilidad
de la Nación; y que, si para alcanzar ese bien mayor se sacrifica
un bien menor - la clarificación de prácticas ilícitas
durante un estado de conmoción interna - tal sacrificio no
sólo es razonable, sino justo y conveniente, y en las actuales
circunstancias puede constituir una necesidad y hasta un deber moral.
El bien
mayor en este caso es la tranquilidad pública que la sociedad
peruana anhela fervientemente. Defraudar ese deseo por un afán
punitivo particular, como lo hizo la CVR, es no sólo mezquino
e injusto, sino imprudente y temerario.
Pedimos
a la Santísima Virgen que estas consideraciones contribuyan
a ordenar, serenar y elevar la peligrosa controversia en curso,
notoriamente miope y ofuscada.
Y que a todos Ella conceda lucidez, cordura y responsabilidad, para
que nuestra sociedad sea preservada de la desestabilización
revolucionaria que aflige cada vez más al mundo contemporáneo.
Lima,
29 de septiembre de 2003, festividad de San Miguel Arcángel
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