El Vaticano comprobó que una religiosa franciscana, que murió en 1943, hizo milagrosamente caminar y hablar a una niña de Pasto hace once años.

Johana Mercedes es un milagro que camina desprevenido por las calles de Pasto.

Cuando nació no hablaba ni caminaba. Durante cuatro años, Mercedes Díaz, su madre, buscó en la ciencia una cura para su mal.

Sin embargo, los médicos no le dieron ninguna explicación y la mujer decidió entregarle la suerte de su hija a la religiosa María Caridad, una monja franciscana que había dedicado su vida a la ayuda de los menos favorecidos y que era considerada una santa por los pastusos.

Con devoción, Mercedes inició en nombre de la religiosa una novena especial para la sanación de su hija.
"Ayúdame para que se cure o dile al Señor se la lleve", decía casi derrotada la mujer, que en el noveno día encontró con sorpresa y alegría a su pequeña de 4 años caminando y con una melodiosa voz.

Eso fue hace 11 años y el rumor del milagro corrió por todo el mundo. El caso fue estudiado por médicos en Colombia y luego por galenos en Roma. Una comisión de especialistas de la causa de los santos, designados por la Santa Sede, llegó a Pasto para confirmar la cura de Johana Mercedes.

Como Postulador de la Causa se nombró al sacerdote Agustino Romualdo Rodrigo, quien emprendió el largo camino hasta lograr que el milagro de Johana sea tenido en cuenta por la exigente comisión que escuchó el clamor del pueblo pastuso elevó desde el 27 de febrero de 1943, día en que murió la religiosa.

Una nueva beata

La curación de Johana Mercedes fue declarada milagrosa en octubre del 2001 y luego de ser estudiada por una comisión de teólogos, cadernales y obispos, fue presentada al concepto del Papa Juan Pablo II, quien ya firmó el decreto por el cual este hecho permitirá que este domingo la Madre Caridad Brader Zahner, sea una nueva beata de la iglesia católica.

También se tuvo en cuenta, como hecho especial, que el hábito con el cual fue enterrada la religiosa apareció intacto el día que exhumaron sus restos, a pesar del tiempo y la humedad del terreno.

A las 3:30 de la mañana -hora colombiana-, su Santidad, luego de escuchar la presentación oficial por parte de monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, Obispo de la Diócesis de Pasto, hará oficial la beatificación de la religiosa franciscana, que aunque nació en Suiza dejó su huella en Pasto, donde fundó la Casa Madre de la Congregación.

Este hecho, que tiene a la iglesia católica pastusa de plácemes, ha sido motivo de alegría en la familia Melo Díaz.

"Sabemos que aunque Johana es todavía una niña, para ella esta decisión representa algo importante en su vida", dice Yadira Melo, su hermana mayor.

Ahora, con 15 años, Johana Mercedes es una colegiala más del Liceo La Merced Maridíez. Allí, dicen las profesoras, comparte con alegría y mucho entusiasmo con sus compañeras de sexto de bachillerato.
Y aunque cumple jornadas estrictas en el convento, la niña tiene claro que su vocación no es la de religiosa. Sus aspiraciones son las de ser una famosa pintora.

Mientras tanto, la ciudad se preparaba para celebrar la nueva calidad de Venerable Madre Caridad, como fue declarada en junio de 1999, cuando se decidió estudiar la solicitud para convertirla en una santa.

Los indígenas desplegaron una vasta 'operación' por todos los rincones de su reguardo y a las 9 p.m. de este miércoles, tras una persecución a los guerrilleros que habían plagiado al religioso el martes en la tarde, los paeces consiguieron que los subversivos lo devolvieran.

La libertad de Arnold se debatió en el resguardo, en Caldono, entre los fusiles subversivos y la mirada de los indígenas que llegaron desde diferentes rincones del municipio.

Su afecto por el misionero se explica porque en la última década este les ha dado vida a sus proyectos productivos, levantó una escuela y un colegio.

"Ellos saben que tienen que devolverlo. De lo contrario no sabemos qué va a pasar", decían algunos de los pocos indígenas que esperaban instrucciones en la casa del cabildo de Caldono.

El alcalde Sandoval calificó como un error el plagio del misionero "Hace rato respirábamos tranquilos. Ahora tenemos que decir que estos insurgentes han secuestrado a Florian y han asesinado a Gersaín Mosquera, un hombre modesto que vivía de llevar encomiendas en su motocicleta", dijo el mandatario.

La zona estaba minada de guerrilleros que en dos ocasiones hostigaron la estación de Policía en el casco urbano de Caldono, cuna de la resistencia civil en el departamento.

Esa misma semana la amenaza se extendió a los alcaldes del Huila, y finalizando el mes ya eran todos los jefes municipales del país los que estaban declarados como objetivo de guerra. Y con ellos, los concejales, fiscales y funcionarios municipales.

En los meses sucesivos se produjo una desbandada que para diciembre ya alcanzaba los 450 alcaldes gobernando fuera de sus pueblos, en la mayoría de los casos desde las capitales.

Un año después, según reporte de la Federación Colombiana de Municipios, 200 mandatarios locales han regresado a sus pueblos o viajan a menudo a ellos, hacen presencia, resuelven los asuntos prioritarios y al cabo de unos días regresan a las capitales.

Esta operación retorno ha sido particularmente exitosa en Antioquia, Chocó, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta, Arauca, Putumayo, Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. En estos sitios, la casi totalidad de mandatarios ha regresado y está despachando normalmente.

"Narcocultivos amenazan la seguridad nacional"

El vicepresidente Francisco Santos llamó a los colombianos a respaldar de plano la política del Gobierno contra el narcotráfico y dijo que no se puede confundir a los dueños de los sembradíos de coca y amapola con "pobres campesinos".

El Gobierno Nacional, a través del vicepresidente Francisco Santos, reiteró ayer que no suspenderá las fumigaciones de cultivos ilícitos y llamó a los colombianos para que respalden de lleno la política contra el narcotráfico. "Este es un problema de seguridad nacional. Los cultivos ilegales son los que financian a los paramilitares y la guerrilla. Si no acabamos con este negocio, éste acabará con Colombia", señaló el Vicepresidente, y pidió a los ciudadanos "que no se dejen meter los dedos en la boca por informaciones sesgadas y se informen sobre cómo se está manejando el tema". "Los que cuidan estos cultivos financian la industria del narcotráfico, nos tratan de derribar aviones y montan campañas de desprestigio", dijo.

Amnistía Internacional pide a UE que sus ayudas
no caigan en manos de guerrilla o paramilitares

El organismo internacional advirtió que las políticas adelantadas por el gobierno del presidente Uribe "pueden resultar en la legitimación de los paramilitares y su resurgimiento bajo un nuevo aspecto legal".

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) pidió este lunes a la Unión Europea (UE) que garantice que las ayudas destinadas a Colombia no caigan en manos de paramilitares o guerrillas.

La oficina europea de AI en Bruselas advirtió de que el Gobierno del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, "continúa con políticas que pueden resultar en la legitimación de los paramilitares y su resurgimiento bajo un aspecto legal nuevo".

"La principal razón por la que los grupos paramilitares pueden continuar su ofensiva militar, caracterizada por amplias violaciones de los derechos humanos, es porque se benefician del apoyo y consentimiento de las fuerzas de seguridad y operan frecuentemente en coordinación con ellos", explica AI en el informe.

El director ejecutivo de la Oficina de AI para la UE, Gabriele Juen, afirmó hoy que "desde que las conversaciones de paz terminaron el año pasado entre el gobierno colombiano y el principal grupo armado de oposición", las Farc, las políticas de seguridad del presidente Uribe "sólo han servido para exacerbar la ya severa crisis del país".

Así fue la operación antiexplosivos para retirar
el collar bomba al ganadero venezolano

El episodio comenzó el lunes 30 de junio a las 11 a.m., cuando José Orlando Guerrero, de 64 años, llegó en camioneta hasta su finca, Aguaclara, en el sector de El Tope, a 10 kilómetros de San Cristóbal. Venía acompañado de un niño de 3 años, con la misión de alimentar a los cerdos.

Tras bajarse del carro y caminar varios metros el viejo saludó a un desconocido que esperaba sentado sobre la cerca.
"Luego sentí cuando me cayó encima y me encañonó con una pistola 9 milímetros Adentro estaban otros dos que ya habían reducido a dos obreros y a sus familias. Gracias a Dios yo no tenía el revólver, porque me hubieran matado. Yo no me hubiera dejado joder sin defenderme".

A las 11:30 de la mañana le pusieron el artefacto de color dorado sobre el que sobresalían, rojas, unas letras que decían Farc EP. No hablaron mucho, pero dejaron una instrucción clara: conseguir 500 millones de bolívares, entregárselos en tres días, y no contárselo a la Guardia Nacional o a la Policía.

Ninguno de los tres era mayor de 30 años, hablaban con acento colombiano y se presentaron como guerrilleros de las Farc. "Es la vida suya; de usted depende. Así que consiga la plata como sea", le dijo uno de los pistoleros y le mostró un control remoto negro, parecido al de un televisor.

Cuando llegó Juanita, la mujer de Orlando, una hora después, lo encontró petrificado de terror, sentado de espaldas y sin poder musitar palabra.

"Yo le preguntaba que por qué le habían puesto eso y lo jalaba para intentar quitárselo. Lo sacudí varias veces y él no me respondía; solo me miraba" -cuenta la mujer-; mi Dios es grande porque esa cosa no explotó".

Un poco más calmada, Juanita trajo aceite de cocina y embadurnó a su marido de la coronilla hasta el cuello. Luego, intentó subir el collar, pero este no pasaba de la nariz. Jaló un par de veces, pero se rindió a la evidencia de que la cabeza no cabía por allí.

Los familiares entonces dieron aviso a la Guardia Nacional y en menos de media hora la finca estuvo rodeada de más de 40 soldados y policías. Pero nadie sabía qué hacer, y pocos se atrevían a acercarse al hombre.

Luego de discutirlo, se decidió pedir ayuda al personal antiexplosivos de Cúcuta y de Caracas. Para cuando estos llegaron, más de tres horas después, el viejo ya había llorado cuatro veces. Gemía como un niño.

Los antiexplosivos llegaron a un diagnóstico rápido: era más de un kilo de anfo mezclado con C4. En caso de explotar, no solo le volaría la cabeza, sino que pulverizaría a los que estuvieran hasta a cuatro metros de distancia.

Gracias a un computador, y con apoyo de una tecnología llamada Inpecto, los especialistas de Colombia y Venezuela vieron la estructura interna del tubo, por medio de un fino cable que adhirieron a su superficie. No había otro remedio que cortarlo. "Yo lo hago", dijo el policía llegado de Caracas

Con un miedo que lo hacía sudar frío y le encalambraba las piernas, el uniformado templó los nervios. Respiró hondo y empezó una labor en la que el panorama era claro: o salvaba al hombre, o se morían los dos.

A las 7:30 de la noche apagaron todas las luces, para evitar que el calor produjera alguna reacción en la pólvora; sacaron al viejo al corredor y comenzó la microcirugía al tubo. El resto de la gente se ubicó a no menos de 30 metros de distancia.

Ayudado con la luz verde de un aparato similar a un celular, y rodeado de penumbra total, el policía avanzó unos milímetros en la primera hora. Nadie hablaba, lo único que se oía era la respiración pesada del agricultor. Ya no lloraba, se mantenía muy quieto como un niño resignado a lo que pueda venir.

"A las 9:20 de la noche sonó el teléfono. Eran los supuestos guerrilleros. En tono molesto le solicitaron a la funcionaria nuestra que contestó la llamada, que necesitaban la plata en dos horas o si no detonaban el 'collar'. Ya habían bajado su exigencia a 300 millones. Después de eso no volvieron a llamar".

A la medianoche, la tarea ya había avanzado más de la mitad. El policía había tenido que parar unas 15 veces para descansar y bajar la angustia. "Teníamos que parar el proceso a cada rato para evitar que se recalentara el tubo y explotara", dice La Cruz.

A esas alturas, Orlando era quien le sostenía la luz al policía. "Yo temblaba al recordar a la doña colombiana (Ana Elvia Cortés) a la que le hicieron lo mismo", dice él y vuelve a llorar de miedo.

Cuando eran las 2:30 de la mañana el tubo cedió del todo. Los segundos que vinieron luego fueron eternos. Nadie respiraba mientras el policía avanzaba hacia el potrero donde arrojó el collar.

El policía cayó extenuado y no pudo hablar durante más de 40 minutos.

DIEGO JOSÉ SUÁREZ Enviado Especial de EL TIEMPO SAN CRISTÓBAL (VENEZUELA)

Denuncian que en 50 por ciento de secuestros
les hacen 'conejo' a los familiares Editor de Reportajes.

La Fundación País Libre afirma que no son casos aislados aquellos en que se paga el rescate y no se devuelve al plagiado y también advierte sobre 'falsos' secuestradores.

La manera más clara de ilustrar este drama es con un caso concreto:

A los 73 años, Hernán del Busto Díaz llegó hasta una trocha, en la parte alta de Villeta (Cundinamarca), con el dinero para pagar el rescate de su hermano, secuestrado cinco días antes por las Farc.

Ignacio, de 67 años y con una grave dolencia en los riñones, que le exigía diálisis cada cierto tiempo, había caído en poder de la guerrilla el 26 de febrero del 2000, en su finca de Madrid (Cundinamarca).

Los captores recibieron el dinero y liberaron al maltrecho Ignacio, pero le anunciaron a Hernán que a partir de ese momento él quedaba secuestrado.

Tres meses después, entonces, se repitió el pago. Pero esta vez fue un empleado de confianza de la familia quien llevó el dinero hasta un lugar entre Villeta y Guaduas.

"Desde esa época sólo hay silencio. Con ese pago dijeron que lo devolvían y esta es la hora en que no ha llegado todavía", dice uno de los tres hijos del secuestrado. "Nos soñamos que llega a la casa... Es una tortura diaria", añade.

Ignacio, por su parte, perdió la finca por los pagos de rescates y murió meses después.

Como él y su familia, en el país existe un número sin determinar de personas que han sido víctimas de esta indolencia.

'Peor que la muerte'

Según las cifras de País Libre, entre el 2001 y el 2002 fueron secuestradas 3.896 personas en el país, especialmente en Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Magdalena y Valle del Cauca. Además de registrar un incremento de los plagios en Bogotá.

La guerrilla es la que más pone 'conejo', pues es la culpable del 75 por ciento de los secuestros, seguido por la delincuencia común con un 18 por ciento y los paramilitares con 7 por ciento.

Las familias víctimas de esta modalidad quedan sumergidas en una incertidumbre que algunas de ellas califican 'peor que la muerte', pues, dicen, les matan la esperanza a la que se habían aferrado con el pago del rescate.

Eso le ocurrió a María Elena Soto, quien sigue esperando a su esposo, el ganadero Alonso Durán, de 50 años, por quien pagó un rescate en las selvas del Chocó el 21 de diciembre pasado.

Mayibe Ardila vive una situación parecida desde hace tres años. Vendieron un carro y otros bienes para reunir el dinero del rescate. Un mes después un emisario entregó la plata en una vereda de Gutiérrez (Cundinamarca). "Dígale al 'cucho' que los llamamos para decirles donde se los entregamos", le dijeron. Desde entonces, los familiares de Ramírez viven a la espera de su regreso.

Y otras veces, las Farc han hecho verdaderos carruseles. Hace año y medio, el frente 54 secuestró a un hombre en Cundinamarca, cobró rescate y se lo entregó al frente 53, quien repitió la operación y trasladó al plagiado a una compañía móvil de esa organización, que hizo el tercer cobro.

En un apartamento de Medellín, María Helena Duvaltier y su familia, también sufren por el silencio que rodea el secuestro de su madre, Aida, de 68 años.

Su cautiverio comenzó el 6 de marzo del 2001 cuando hombres del Epl se la llevaron de su finca, en Aguadas (Caldas). El 30 de abril pagaron el rescate. Les dijeron que ese mismo día la liberaban, pero tres días después los llamaron para pedirles más plata.

Desplazados colombianos denuncian atropellos
de militares venezolanos en la frontera

Indicaron que la militarizada Guardia Nacional de Venezuela los desalojó de allí por la fuerza, destruyendo sus viviendas y cultivos.

"Nos quemaron las viviendas y nos advirtieron que teníamos que desocupar, o de lo contrario seguían destruyendo otras casas", dijo a periodistas Jaime Gallego, uno de los labriegos que en las últimas horas debió abandonar el pueblo y refugiarse en la ciudad colombiana de Cúcuta (noreste).

Medios de prensa locales señalaron que la Defensoría del Pueblo de Colombia envió un oficio a las autoridades venezolanas para denunciar el hecho, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.

Los niños de San Antonio de los Caballeros volvieron a marchar
Mil voces pidieron ayer la libertad de Paúl

Las voces de más de mil niños se unieron ayer para clamar por liberación del niño Paúl Enrique Tongino Arboleda, secuestrado el pasado jueves en el corregimiento San Antonio de los Caballeros, en Florida. Tal como se había acordado, hacia 7:00 a.m. uno a uno fueron llegando a la puerta de la Escuela Simón Bolívar los estudiantes de los cuatro planteles educativos que funcionan en el corregimiento. "Como buen ciudadano hay que ser solidario con una noble causa, noble como es la liberación de Paúl", dijo el estudiante de grado once Francisco Javier Velasco, quien llevaba consigo una inmensa bandera de Colombia.

Casi a las 7:30 a.m. se dio partida a la movilización que tiñó de blanco las empedradas calles Roberto Madrigal, rector de la Institución Educativa Regional Simón Bolívar, destacó la masiva participación de los padres de familia, quienes por casi dos horas marcharon gritando consignas alusivas a la liberación de pequeño Paúl Enrique.

Obispos católicos pidieron al Gobierno
realizar una reforma agraria integral

El documento final de su cumbre anual, que terminó ayer en Bogotá, también insiste en la erradicación manual de cultivos ilícitos y en el díalogo como única salida al conflicto armado.

Al concluir la asamblea ordinaria de obispos en Bogotá, los prelados de todo el país, en cabeza de monseñor Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal elaboraron un documento en el cual acogen sus principales peticiones, tanto al Gobierno como a las entidades públicas y privadas, a las asociaciones campesinas y a los propios trabajadores del campo. Los obispos ven con preocupación "el cierre o transformación de algunas de las entidades que están al servicio del campo, como el Incora o la reestructuración de las umatas, todo ello debido a la falta de recursos tanto nacionales como locales".

Reforma agraria.

"Aspiramos a que el Gobierno logre realizar por fin un proceso de reforma agraria integral, que garantice condiciones de vida digna por parte del Estado, cumpliendo con lo dispuesto por el Papa Juan Pablo II en la doctrina social de la iglesia, al declarar la función social y ecológica de la propiedad de la tierra, de manera que se aprovechen debidamente los millones de hectáreas aptas para la agricultura que están intensamente subutilizadas y se revierta la concentración.

Reformas en la educación para el campo.

La educación para el campo también fue tema de discusión, con respecto a la cual se propuso una importante reforma porque hoy se no se llenan las expectativas ni las necesidades. "La población campesina debe involucrarse en programas de desarrollo integral y sostenible. Actualmente el acceso al conocimiento es fundamental para garantizar los procesos de desarrollo. Conflicto armado

Finalmente, sobre el conflicto armado que vive el país los obispos reiteraron que este tiene "como única alternativa una solución política negociada de cara al país. El logro de una paz y una justicia sólida y durable exige grandes esfuerzos en toda la población y por lo mismo la participación de las comunidades organizadas y organizaciones afectadas.

Tratados internacionales

En su llamado para que se reconozcan los derechos de los campesinos a una vida digna y al bienestar integral, a la tierra y a la alimentación, los prelados abogaron porque los tratados internacionales que hoy se debaten tengan en cuenta a las poblaciones campesinas.

Los obispos pidieron también que se tenga en cuenta al campesino en los análisis y decisiones que se tomen para el sector agropecuario, pidieron defender y mejorar el medio ambiente, y brindar especial protección a niños, jóvenes y mujeres del campo.

Marisol Ortega Guerrero Redactora de EL TIEMPO

Ni la papa se salvaría del IVA en el 2004

Todos los productos y servicios de la canasta familiar quedarían gravados con el tributo, si se aprueba la idea de adelantar un año el cobro. Se recaudarían $900.000 millones. El Congreso está dividido…

El Gobierno contempla aplicar impuesto
a las pensiones, ante 'hueco fiscal' del próximo año

Con ello, según estimaciones oficiales preliminares, se recaudarían alrededor de 600.000 millones de pesos anuales.

Esta cifra se sumaría a los 745.000 millones de pesos que ingresarían si se anticipa, del 2005 al 2004, el cobro del IVA del 2 por ciento a los bienes de la canasta familiar que hoy no están gravados.

Las dos opciones, junto con la suscripción forzosa de bonos por los contribuyentes, tendrán que ser presentadas como una reforma tributaria al Congreso, que finalmente tomará la decisión de aumentar, extender o rechazar la propuesta del Ejecutivo.

El Gobierno, según fuentes que pidieron el anonimato, incluiría en su propuesta tributaria la eliminación de las exenciones al impuesto de renta, la ampliación del IVA a todos los bienes y servicios, el aumento de gravámenes de municipios y departamentos y la actualización de los catastros para aumentar los ingresos de las entidades territoriales.

Lo dicho por Gaviria cayó como un baldado de agua fría en la opinión pública, ya que hace menos de siete meses el Congreso había aprobado una reforma tributaria que cumplió con las expectativas del Gobierno de recaudos adicionales por dos billones de pesos en el primer año y se aplicó el impuesto del 1,2 por mil para la seguridad democrática, que produjo ingresos por 2,4 billones de pesos.

Septiembre 20 de 2003
ELTIEMPO.COM

Diario 'The New York Times' critica amnistía
propuesta por el presidente Álvaro Uribe

La editorial de este sábado también critica sus recientes declaraciones contra las organizaciones de derechos humanos (ONG).

El diario neoyorquino considera que la propuesta del presidente colombiano de perdonar los delitos atroces a paramilitares y guerrilleros beneficiará a los grandes carteles de la droga.

Estas dos iniciativas hacen que "suenen a falsas" las promesas que Uribe hizo en su campaña presidencial, cuando anunció que tomaría "duras medidas contra las guerrillas del ala izquierda y los paramilitares de la derecha, hasta que respetaran los derechos civiles y la Constitución", dice el diario.

Si bien los motivos para promover esta amnistía es "comprensible", pues trata de animar a los combatientes colombianos a dejar las armas, el "Times" considera que el proyecto enviado al Congreso el mes pasado ha ido "demasiado lejos".

"La cúpula de los comandantes, asesinos que han masacrado docenas de civiles, podrían evitar la cárcel sólo con extender un papel", dice el diario, que añade que el proyecto de ley "también podría garantizar la impunidad a los cárteles de droga colombianos, dado que muchos de sus lideres son oficiales paramilitares".

El proyecto de ley ha sido elaborado con ayuda de oficiales estadounidenses, quienes "parecen ser extrañamente optimistas" sobre la posibilidad de dejar libres o conceder impunidad a los principales criminales de guerra y a los traficantes de cocaína.
Para el diario, la amnistía debería beneficiar sólo a los soldados de a pie, mientras que los líderes paramilitares deben ser arrestados.

La segunda medida que critica el diario es la anunciada por Uribe de investigar a las 80 organizaciones defensoras de los derechos humanos que difundieron la pasada semana un informe, en el que criticaban las excesivas medidas de fuerza ejercidas por los militares contra los civiles.

Uribe, quien aparentemente parecía ser un defensor real de los derechos humanos, "respondió comparando a los grupos con terroristas", y si bien se retractó más tarde del tono de sus palabras, no lo hizo del contenido.
El diario considera que la actitud de Uribe puedan poner en peligro a los dirigentes de estas organizaciones, especialmente en Colombia, donde el clima actual puede hacer que sus palabras sean tomadas como "una luz verde para matar"

Monseñor Rubiano insiste en salida negociada
al conflicto y pide apoyo a la comunidad internacional

El presidente de la Conferencia Episcopal presentó en el encuentro de religiones de Aquisgrán (Alemania) la posición de la Iglesia frente a la guerra.

Para lograr la construcción de la paz, además de un esfuerzo interno, es importante el apoyo de los organismos internacionales y de gobiernos amigos.

Así lo manifestó monseñor Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, durante su intervención en el encuentro ecuménico de las grandes religiones, cuyo tema era 'entre la guerra y la paz, la cultura y la fe se encuentran' que acaba de concluir en Aquisgrán (Alemania), promovido por la Comunidad de San Egidio.

"La reunión fue un signo claro de cómo las distintas confesiones religiosas, incluso de países en conflicto pueden darse un abrazo de paz, respetar sus ideas y creencias religiosas. Vi judíos y árabes juntos, al obispo de Irak en un abrazo de paz con los Chiitas, entre muchas otras cosas positivas", dijo monseñor, quien explicó algunos pormenores de su intervención.

¿Por qué es importante ese apoyo internacional que usted pide?

La participación de la comunidad internacional "puede contribuir a darle un carácter permanente a la política de paz, pues ya no recaerá solamente en la sociedad civil colombiana el peso de vigilar y exigir la permanencia de esta política dentro de los vaivenes de los gobiernos de turno, sino que será también ella la que facilitará, con su presencia y colaboración activa, la implementación de los acuerdos y decisiones que se deriven de la misma".

Pero esa misma comunidad debe colaborar también en el "sentido de controlar el consumo de drogas y el mercadeo de insumos químicos para su fabricación, con lo cual se deja de alimentar también la guerra", dijo monseñor, para quien "si no hay ese esfuerzo de la comunidad internacional cómo puede ella señalarnos como si fueramos los malos".

Claro que cualquier participación externa en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado colombiano debe enmarcarse dentro del respeto a la Constitución y las Leyes de la República y de los principios y fundamentos que rigen en la Comunidad Internacional, explicó monseñor Rubiano.

¿Cómo ve la situación actual?

Tanto el Estado como la insurgencia parecen enfrascados en cálculos de tipo estratégico y táctico en los planos militar y político, que buscan una victoria militar que les permita a unos acabar con insurgencia y la violencia, y a otros controlar en el mediano y largo plazo el poder estatal en Colombia. En este escenario, la negociación política de una paz duradera y sostenible, basada en la justicia social y la reconciliación, como lo promueve la Iglesia es una necesidad urgente y tiene que empezar por desarmar los ánimos.

¿Qué está haciendo la Iglesia?

Para contribuir a despejar este horizonte, desenredar esta maraña de intereses y cálculos,la Iglesia reitera que solo la solución política negociada del conflicto armado, la conciliación, el diálogo y la acción decidida del Estado sobre las causas que han generado el conflicto llevarán a la construcción definitiva de la paz en Colombia, y está dispuesta a colaborar como 'facilitadora' de las partes hasta lograr que el gobierno y la guerrilla vuelvan a la mesa de negociación.

Permanentemente llama no solamente a orar pidiéndole a Dios el don de la paz sino de ser coherentes para construirla entre todos, basados en la verdad, la justicia, la solidaridad, porque si los colombianos no hacemos la paz nadie nos la va a hacer.

¿Se ha insistido en algunos sectores en acuerdo humanitario. Es posible?

Un acuerdo humanitario, además de lograr la liberación de numerosas personas secuestradas y buscar incidir en la disminución de los altísimos índices de extorsión y secuestro que sufre Colombia, procuraría un alivio sustancial a la dolorosa situación que sufren miles de colombianos víctimas de la violencia, el desplazamiento forzado y el abandono estatal.

También debe servir como instrumento para incrementar los niveles de confianza entre gobierno e insurgencia, y dar argumentos a la sociedad para seguir alimentando la esperanza y confiando en las posibilidades que tiene Colombia de alcanzar la paz, con el concurso de todos los ciudadanos.

¿Habló Usted de desafíos en Alemania, cuáles son en su concepto los más importantes?

- La negociación entre el Gobierno y los grupos de autodefensa paramilitares sin menos-cabo del Estado de derecho y de los derechos fundamentales en el contexto de la verdad, la justicia y la reparación.

- Para el Gobierno y los sectores económicos del País, responder a las exigencias de los derechos económicos, sociales y culturales, y a la economía que permita disminuir la inequidad existente e incrementar la inversión social.

- Buscar y encontrar mayores grados de concertación y apoyo mutuo en la tarea de promover y proteger los derechos humanos sigue siendo un desafío para el Estado Colombiano.

- El Ejecutivo y el Legislativo tienen el reto de asegurar que toda propuesta normativa en materia de protección del orden público, administración de justicia y funcionamiento de los órganos de control respete los instrumentos adoptados por la comunidad internacional para garantizar el ejercicio democrático del poder y una efectiva tutela de los derechos y libertades fundamentales de la persona.

- "Estamos convencidos que si no se combaten a fondo los cultivos ilícitos y el consumo de sus derivados, la cocaína, la heroína, que alimentan la violencia, la corrupción y la guerra, será muy difícil construir la paz auténtica".

MARISOL ORTEGA GUERRERO
Redactora de EL TIEMPO

"La guerrilla dejó de crecer en Colombia": general Ospina

"Los comandantes tienen que esforzarse al máximo
para evitar los actos de terrorismo"

Ospina asegura que las acciones de rescate no ponen en riesgo la vida de los rehenes. 'Operación San Jorge', la segunda más grande de este año en el país. Cada día, en promedio, se presentan seis combates entre las Fuerzas Militares y los grupos ilegales. "Resultados se están viendo", asegura el alto oficial.

Bogotá. El general Carlos Alberto Ospina Ovalle, el hombre que responde por los casi 150.000 efectivos que conforman el Ejército colombiano, no tiene dudas de la efectividad de 'San Jorge'.

Así se denomina la operación que pretende rescatar con vida a los siete ciudadanos extranjeros que están en poder del ELN desde hace 17 días en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Mientras espera buenas noticias y se alista para garantizar la inminente desmovilización de unos 800 miembros de las autodefensas, el general Ospina se declara seguro de que los objetivos trazados por la política de Seguridad Democrática se están cumpliendo

El zar antidrogas de EE.UU., John Walters, destacó ayer los resultados de la lucha contra las drogas en Colombia en el último año.

Departamento de Estado advirtió que usará toda sus fuerzas para capturar a los responsables del plagio de los tres contratistas norteamericanos del Plan Colombia. Walters destacó los avances del presidente Uribe en la lucha contra las drogas y recomendó a otros países "seguir el modelo colombiano".

Washington. Estados Unidos ofrecerá cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto de los secuestradores de tres estadounidenses plagiados por las Farc en febrero pasado, aseguró ayer Brenda Greenberg, portavoz del Departamento de Estado.

"En el futuro cercano el departamento de Estado ofrecerá una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y sentencia de cualquier individuo involucrado o responsable de los secuestros de estos estadounidenses y el asesinato de Thomas Janis, incluidos miembros específicos de las Farc, designada como organización terrorista extranjera", dijo Greenberg.

12 de Octubre de 2003
El Pais

Infiltración del Estado, otra arma de los violentos

En el último año, la Fuerza Pública ha intensificado sus operaciones para desarticular las presuntas redes de apoyo de las organizaciones criminales en todo el país.

El oficial de la Dirección de Policía Judicial (Dijin) devolvió la cinta de la grabación para verificar que dos personas a las que vigilaban en Villavicencio, por sus presuntos nexos con el frente 42 de las Farc, mencionaban un contacto en la Policía para obtener información.

A pesar del asedio policial al frente 42 continuaban distribuyendo armas, explosivos y material logístico a las células urbanas y los campamentos rurales de las Farc ubicados entre la capital del país y Villavicencio. Por lo tanto, la mención del contacto se convertía en la clave que condujeron a la identificación del misterioso policía., un sargento del Centro de comunicaciones (línea 112)

De acuerdo con las investigaciones que adelantan los servicios de seguridad, también se han ubicado contactos en instituciones de las Fuerzas Militares como la Industria Militar (Indumil) y la Escuela General de Cadetes José María Córdova, en prisiones, en empresas de servicios públicos, en alcaldías y en gobernaciones. Hace siete meses se descubrió un caso similar en Cúcuta que involucraba a varios servidores del Estado, incluidos miembros del Ejército y la Fiscalía.

Los contactos de las Farc y el ELN también incluyen entidades privadas como bancos, empresas de vigilancia privada, oficinas de abogados, instituciones de salud y universidades. Por lo regular, los funcionarios son contactados por milicianos, quienes después de ganar su confianza les ofrecen sumas millonarias a cambio de información que después será utilizada en secuestros o actos terroristas.

El mismo frente 42 ha puesto a su servicio a algunos médicos particulares o adscritos a instituciones de salud.

ALCALDÍAS INFILTRADAS. Según las pruebas que se manejan en la investigación, el EPL tendría influencia en un importante sector de la clase política del municipio (Quinchía Risaralda) y mantendría comunicación directa con el alcalde, quien supuestamente brindaba ayuda económica y logística para los grupos ilegales y acusado de participar en el secuestro de su contendor en las elecciones

Hace un mes un ex alcalde de Cartagena de Chairá, y 74 personas más, entre ellas funcionarios de la administración municipal de esta población del Caquetá situada a orillas del río Caguán, profesores y un inspector de sanidad, fueron capturados por el DAS en un operativo ordenado por la Fiscalía. sindicadas de integrar una red de apoyo del frente 14 de las Farc, bajo el mando de alias 'Fabián Ramírez'- uno de los tres negociadores de esa guerrilla en los fracasados diálogos con el pasado Gobierno, "reclutaban personal para la subversión, dictaban instrucción ideológica y servían de testaferros en operaciones financieras del grupo subversivo", aseguró el director operativo del organismo de seguridad, Carlos Barragán, al confirmar los hechos.

En marzo pasado, el registrador municipal de Contratación (Santander), también fue capturado por el DAS quien manejaba un movimiento político clandestino para las Farc y se movía por todo el país bajo la fachada de su cargo oficial.

Estos hechos se suman a los en el Tolima, un cabo de la Policía y nueve personas más, entre ellas dos sindicalistas, investigados desde 1996 por rebelión, de un centenar de funcionarios municipales sindicados de vínculos con grupos terroristas en Putumayo, Huila, Córdoba, Magdalena, Arauca y Chocó.

La Fiscalía, también afectada

La administración de justicia es considerada como un objetivo prioritario de los grupos armados ilegales, bien a través de amenazas, bien a través de infiltrados.

El ente acusador tampoco se salva de la infiltración. En noviembre de 2002, el parlamentario Gustavo Petro denunció presuntos vínculos de medio centenar de funcionarios con grupos paramilitares y subversivos. Los infiltrados, reclutados mediante intimidación o dinero, alertaban sobre las decisiones judiciales, los estados de las investigaciones y los operativos en marcha.

Las pruebas de Petro se basaban en el testimonio de Richard Riaño Botina, un ex funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), quien debió salir del país debido a las amenazas por los hechos que descubrió al interior de la institución.

El investigador, experto en sistemas, logró cruzar información de 52 conexiones entre líneas telefónicas que involucraban a funcionarios de seccionales como Arauca y Cúcuta, sur de Bolívar, Bucaramanga y Bogotá.

De la misma manera, fuentes de la entidad aseguran que los relevos masivos de fiscales en algunas ciudades del país han estado relacionados con las posibles infiltraciones por parte de organizaciones ilegales.

Control en la Fuerza Pública

El Gobierno dispone de herramientas legales para destituir fulminantemente a los miembros de la Fuerza Pública que han cometido actos ilegales.

Desde hace más de una década, uno de los principales objetivos de la Policía Nacional y las Fuerzas
Militares es cortar cualquier tipo de vínculo de algunos de sus integrantes con los grupos de autodefensa.
En ese sentido, se han producido en varias oportunidades relevos de coroneles e incluso de varios generales.

En ese tipo de situaciones ha jugado un papel vital el Gobierno de los Estados Unidos, que cada año realiza dos evaluaciones sobre el compromiso de la Fuerza Pública colombiana con los derechos humanos.

Del cumplimiento de ese compromiso depende en buena medida la entrega de ayuda militar para Colombia, que en los últimos cinco años superó los US$3 mil millones de dólares.

La orden de la Casa de Nariño, reiterada por el presidente Álvaro Uribe, es clara: destitución fulminante de los agentes u oficiales sobre cuya conducta existan serias dudas y entrega a la justicia ordinaria. "En instituciones tan grandes, de 200 mil efectivos, es posible que se presenten irregularidades. Pero que no quede duda de que no existe ningún tipo de complacencia hacia esas conductas que manchan el honor de la institución", dijo recientemente el general Carlos Alberto Ospina, comandante del Ejército.

Antecedentes

El alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila Torres, fue detenido por orden de la Fiscalía, que lo acusa de haberse aliado con los grupos paramilitares de la ciudad para el crimen de un periodista. Ardila se entregó en septiembre pasado.

En julio de este año, la Fiscalía confirmó en segunda instancia la medida de aseguramiento proferida por rebelión contra Jesús Antonio Giraldo, alcalde de Villahermosa, Tolima.

En septiembre de 2002 un fiscal seccional de Bucaramanga impuso detención preventiva en contra de María Victoria Hernández, asesora de la Gobernación de Santander, como presunta responsable del delito de rebelión. Se le acusa de militar en el ELN.

El rocket utilizado en el atentado contra Jorge Visbal Martelo tiene la capacidad de perforar vehículos del mayor blindaje.

El presidente Álvaro Uribe aseguró que militares corruptos estarían vendiendo material de guerra a los grupos armados irregulares que delinquen en Colombia. El Primer Mandatario lamentó que en el acto terrorista estuvieran involucrados estudiantes universitarios.

Bogotá. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, confirmó ayer que el artefacto utilizado el miércoles pasado para atentar contra la vida del dirigente gremial Jorge Visbal Martelo fue vendido a la guerrilla por efectivos del Ejército de Ecuador.

"De manera corrupta, algunos miembros del Ejército ecuatoriano, contra su Gobierno, contra la democracia de su país y contra su Constitución, les vendieron eso (el armamento) a los terroristas colombianos, y esto es de la mayor gravedad", declaró el Primer Mandatario.

Popayán. Tropas de la Brigada Móvil 6, en su avance sobre la Alta. Botacaucana, hallaron ayer cerca a la cabecera municipal de Santa Rosa, un pequeño hospital, dos estaciones de gasolina y un gran arsenal compuesto por armas de todo tipo y calibre, que las Farc y el ELN mantenían camuflados en viviendas de la región. Asimismo, fueron desactivadas cerca de diez casabombas, lo mismo que varios kilómetros de vías rurales y zonas verdes minadas por los subversivos.

Para el general Francisco René Pedraza Peláez, comandante de la Tercera División del Ejército, quien pasó revista a las tropas durante tres horas, "lo que los narcoterroristas tenían en Santa Rosa era algo muy grande en materia de infraestructura médica y de servicios, que solamente ellos utilizaban para su beneficio. Pero las tropas están arriesgando sus vidas y se han dedicado a desmontar el escenario que habían conformado para humillar a los campesinos y mantener allí unas guaridas donde tuvieron a centenares de secuestrados".

Hasta ayer se habían librado nueve combates con al menos nueve subversivos abatidos. Seis soldados han resultado heridos, pero han sido tratados en la zona o trasladados a Cali o Popayán.

Acerca del arsenal hallado, se dijo que era 'casi el Indumil' de la guerrilla, el cual, estaba conformado por numerosas rampas para el lanzamiento de cilindrobombas, lanzacohetes tierra-aire, morteros, granadas hechizas y de uso de fragmentación, numerosos rockets, municiones para fusil, pistolas, revólveres, metralletas M-60, pólvora, pentonita, material R-1, mecha lenta y alambres para instalar cargas explosivas.

Entre los implementos de uso médico, las tropas decomisaron equipos para cirugía, camillas, un pequeño quirófano, pinzas y drogas en abundancia. También se dijo que los guerrilleros poseían un lugar especial a donde llevaban el combustible que robaban en la vía Panamericana y otros sectores del Cauca y del suroccidente.

"Con ese combustible mantenían toda la flotilla de camperos, camionetas, camiones y volquetas que hurtaban y que luego utilizaban como carrobombas", agregó el general Pedraza Peláez.

Rendición de paramilitares

Un total de 38 paramilitares se entregaron ayer a la Armada Nacional, tras una ofensiva militar desarrollada en cercanías de Bahía Solano, en el departamento de Chocó.

La entrega de los integrantes de las autodefensas fue confirmada por el presidente Álvaro Uribe.

"Sigue la entrega de integrantes de grupos violentos. Creo que estamos llegando a 2.500, de ellos el 70% son de las Farc, el resto repartido entre ELN y los grupos paramilitares", destacó el Mandatario.

Los paramilitares se rindieron ante tropas de la Armada que desarrollan desde la semana pasada la operación Destructor I y fueron llevados a la base de la Infantería de Marina en la localidad de Cupica, en Chocó.

Los efectivos de la Armada llevan a cabo una ofensiva contra los paramilitares y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que operan en cercanías a la costa del Pacífico.

Los 38 paramilitares, que entregaron armas y municiones, se acogerán al plan de reinserción que impulsa el Gobierno, según un comunicado de la Armada.

Bogotá. El segundo comandante del frente Teófilo Forero de las Farc, Edgar Gustavo Navarro Morales, alias ´El Mocho´, murió en